Inspección Federal del Trabajo en México: la DGIFT, competencia federal-local y balance del nuevo modelo laboral (2019-2026)

Contexto

La inspección del trabajo es la función administrativa que permite al Estado verificar el cumplimiento de las normas laborales, de seguridad social y de seguridad y salud en los centros de trabajo. En el diseño mexicano, esa función se ejerce en dos planos: uno federal, encabezado por la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo (DGIFT) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y otro estatal, a cargo de las autoridades laborales de las entidades federativas. La coexistencia de ambos planos, definida en el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), no es un detalle organizativo: determina qué autoridad puede iniciar una visita, quién califica el acta y quién impone la multa correspondiente. La comprensión de esa arquitectura resulta indispensable para leer las cifras de inspección publicadas por la STPS y para dimensionar el rezago del país frente a los estándares internacionales.

El nuevo modelo laboral instaurado a partir de la reforma constitucional de 2017 y de la reforma a la LFT de 2019 redistribuyó las tareas de conciliación y justicia laboral, pero no alteró la estructura de la inspección: la DGIFT siguió operando bajo el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de junio de 2014. Lo que sí cambió en el periodo 2019-2026 fue el énfasis programático de las visitas, la incorporación de nuevas materias inspectivas (subcontratación, teletrabajo, contrato colectivo legítimo) y, más recientemente, la digitalización con inteligencia artificial y el estímulo al cumplimiento voluntario a través de programas como VELAVO.

Base constitucional y legal de la inspección

La distribución de competencias en materia laboral tiene fundamento en el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción XXXI. Esa fracción reserva a la Federación la aplicación de las normas del trabajo en un catálogo de ramas industriales estratégicas (textil, eléctrica, cinematográfica, hulera, azucarera, minera, metalúrgica y siderúrgica, hidrocarburos, petroquímica, cementera, calera, automotriz, química, celulosa y papel, aceites y grasas vegetales, productora de alimentos, elaboradora de bebidas envasadas o enlatadas, ferrocarrilera, aserraderos, vidriera, tabacalera y de servicios de banca y crédito) y en actividades reguladas por leyes o autoridades federales. La LFT desarrolla ese mandato en su artículo 527, en donde a esa lista se suman las empresas administradas por el gobierno federal o que operen bajo concesión, así como las obligaciones patronales relacionadas con capacitación, adiestramiento y seguridad e higiene en cualquier actividad.

Todo lo que quede fuera de esa lista es competencia local. Esa frontera explica por qué el comercio al menudeo, la construcción residencial, los restaurantes o los servicios profesionales son inspeccionados por las autoridades del trabajo estatales o de la Ciudad de México, y por qué el mismo centro de trabajo puede recibir dos inspecciones por materias distintas: una federal por seguridad e higiene y otra local por condiciones generales de trabajo.

El procedimiento de visita, la elaboración del acta, la garantía de audiencia y la determinación de sanciones se rigen por el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones de 2014, complementado en el ámbito federal por lineamientos operativos que la STPS actualiza cada año. Los Lineamientos Operativos de Inspección 2025, difundidos el 28 de febrero de 2025, precisan la programación, el desahogo, la calificación y el seguimiento de las inspecciones que realizan la DGIFT y las Oficinas de Representación Federal del Trabajo (ORFT) en las entidades.

Arquitectura institucional: STPS, UTD, DGIFT y ORFT

Dentro de la STPS, la Unidad de Trabajo Digno (UTD) concentra las funciones de vigilancia del cumplimiento de derechos laborales. De ella dependen la Dirección General de Previsión Social y la DGIFT, responsable directa de la programación y desahogo de las inspecciones. En el territorio, la DGIFT opera a través de las ORFT, unidades desconcentradas presentes en las treinta y dos entidades federativas, y de las Unidades Subalternas, que amplían la cobertura hacia zonas industriales alejadas de las capitales estatales.

La coordinación se ejerce sobre tres ejes. En el eje interno de la STPS, la UTD emite los programas anuales y los lineamientos operativos que fijan el número mínimo de visitas por representación. En el eje interinstitucional federal, la DGIFT ha suscrito convenios con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para el intercambio de padrones y para operativos conjuntos, sobre todo en materia de subcontratación desde la reforma de 2021. En el eje federación-entidades, los lineamientos 2025 incorporan el diseño conjunto de operativos con autoridades locales para atender zonas o sectores con alta incidencia de incumplimiento.

La planta de inspectores federales

El insumo humano de la inspección se ha mantenido acotado. La STPS opera con alrededor de 650 inspectores federales del trabajo, de los cuales cerca de 180 ocupan plazas eventuales y por tanto sin la estabilidad que exigen los estándares internacionales. Esa cifra, contrastada con la meta programática de más de cuarenta mil inspecciones anuales, implica que cada inspector debe desahogar en promedio del orden de sesenta actas al año, sin considerar tareas administrativas, notificaciones, comparecencias en la fase de calificación ni seguimientos por incumplimiento.

Como referencia interna, el IMSS emplea entre 1,200 y 1,600 inspectores dedicados a verificar afiliación y cotización, un contingente entre 1.8 y 2.5 veces mayor que el federal del trabajo, aunque con un objeto de vigilancia distinto y más acotado. La distancia con las autoridades tributarias es todavía mayor.

Régimen de las inspecciones: tipos, procedimiento y sanciones

El Reglamento de 2014 y los lineamientos operativos vigentes clasifican las visitas federales en cinco tipos:

Tipo de inspección	Objeto	Fuente de programación
Ordinaria inicial	Verificación general en empresa no visitada previamente	Programa anual DGIFT
Periódica	Reverificación en empresas con inspección previa	Programa anual DGIFT
De comprobación	Verifica cumplimiento de medidas ordenadas	Acta anterior
Extraordinaria	Atiende denuncias, riesgos inminentes o accidentes	Denuncia o alerta
De asesoría y asistencia técnica	Orienta sin sancionar	Solicitud patronal

En 2024 la STPS proyectó 32,000 inspecciones federales y consumó más de 23,000 extraordinarias y cerca de 9,000 ordinarias, distribución que refleja el peso creciente de denuncias y de operativos reactivos. Por rama, la industria manufacturera concentró alrededor del 24 por ciento de las visitas, el comercio al mayoreo y menudeo el 19 por ciento, la producción de alimentos y bebidas el 7 por ciento, la minería, metalurgia y siderurgia el 4 por ciento, y los sectores químico, petroquímico, automotriz, hulero, hotelero y restaurantero, así como las concesiones federales, alrededor del 3 por ciento cada uno.

Cada visita se documenta en un acta con hechos, plazos para subsanar y, en su caso, propuesta de sanción. La calificación del acta corresponde a la propia autoridad laboral, que evalúa la naturaleza intencional o culposa de la infracción, la gravedad, los daños producidos o potenciales, la capacidad económica del infractor y la reincidencia, criterios enumerados en el artículo 992 de la LFT. En caso de reincidencia dentro de los dos años siguientes al acta original, la multa se duplica; y cuando la conducta afecta a más de un trabajador, la sanción se impone por cada persona afectada.

Sanciones y multas

Los montos de las multas están fijados en múltiplos de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que las desvincula del salario mínimo desde la reforma constitucional en la materia. El régimen sancionador de la LFT abarca desde 50 UMA hasta 5,000 UMA en la mayoría de los tipos infractores generales, con rangos ampliados en materias específicas: incumplimiento a las cuotas de trabajadores mexicanos (250 a 2,500 UMA en el artículo 993), obstrucción a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (250 a 5,000 UMA en el artículo 994) y sanciones más severas por infracciones a la subcontratación (hasta 50,000 UMA cuando se opera sin registro en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas, REPSE). En 2024, la STPS canceló más de 16,000 registros REPSE, mayoritariamente por incumplimiento, señal de que la línea entre la sanción individual y la exclusión administrativa del mercado se ha vuelto una de las palancas de mayor efecto disuasorio.

La actualización anual de la UMA amplifica el impacto real de las sanciones. Para 2026, con la UMA en niveles cercanos a los 116 pesos diarios, una multa por reincidencia grave de 5,000 UMA equivale a montos por encima del medio millón de pesos por infracción, y las sanciones acumuladas contra grandes patrones pueden superar los cinco millones de pesos.

La modernización 2024-2025: SIDIL, VELAVO y programa 2025

El Programa de Inspección Federal del Trabajo 2025, presentado el 9 de julio de 2025, proyecta 43,000 inspecciones para el año, un incremento del 34 por ciento respecto de las 32,000 planeadas para 2024, cifra similar a la de 2023, cuando se anunciaron 42,000. Datos preliminares comunicados en noviembre de 2025 indicaban que la STPS acumulaba más de 33,000 inspecciones realizadas en el año.

Dos componentes explican el salto programático. El primero es el Sistema de Inteligencia de Datos para la Inspección Laboral (SIDIL), plataforma que integra los padrones de la STPS con información de otras dependencias y asigna a cada centro de trabajo del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas un nivel de riesgo individual. La priorización algorítmica sustituye, en parte, el criterio manual del inspector y busca concentrar visitas en unidades con historial de incumplimiento, denuncias previas o siniestralidad elevada. El segundo componente es el Programa de Verificación Laboral Voluntaria (VELAVO), que ofrece a las empresas una autoevaluación asistida por la STPS a cambio de una reducción del 50 por ciento en la probabilidad de una inspección extraordinaria, asesoría técnica gratuita, un certificado de cumplimiento con vigencia de dos años y una asignación de bajo riesgo en el SIDIL.

Además, el Programa 2025 formaliza convenios de colaboración con la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Marina y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para operativos en sectores donde la vigilancia laboral se cruza con otras jurisdicciones federales. La lógica es semejante a la que rige la cooperación con IMSS y SAT en subcontratación, pero extendida a espacios donde la inspección tradicional ha sido de baja cobertura, como la minería subterránea, la actividad portuaria o los procesos con impacto ambiental relevante.

Balance frente a los estándares internacionales

Pese al aumento programático, el sistema mexicano de inspección federal permanece por debajo de las referencias internacionales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sugiere, para países en desarrollo, la existencia de al menos un inspector por cada 40,000 trabajadores; con una fuerza laboral cercana a 60 millones de personas, esa referencia arroja una plantilla objetivo de aproximadamente 1,500 inspectores federales, más del doble de la actual. Medida en inspectores por cada 10,000 trabajadores, México se ubica alrededor de 0.2, frente a una media mundial de 0.6 según ILOSTAT, y lejos de los 1.0 o 2.0 que reportan varios países europeos.

El otro flanco es normativo. El Convenio 81 de la OIT sobre la inspección del trabajo, adoptado en 1947 y con más de 150 ratificaciones a nivel mundial, no ha sido ratificado por México. La observación técnica más relevante para explicar esa omisión, retomada por comentaristas del Convenio, remite al requisito de que los inspectores sean funcionarios públicos con estabilidad garantizada e independiente de los cambios de gobierno. La coexistencia de plazas eventuales dentro de la DGIFT y el modelo mexicano de servicio profesional de carrera aún acotado hacen difícil suscribir esa cláusula sin una reforma laboral y presupuestal de mayor calado. El resultado es que, en el hemisferio, sólo México y Nicaragua entre los países signatarios de la OIT y sólo México y Chile entre los miembros de la OCDE no han ratificado el instrumento fundamental sobre la materia.

Un tercer indicador de tensión es la relación entre el programa anual y el rezago frente a la judicialización laboral. La reforma constitucional de 24 de febrero de 2017 y la reforma a la LFT de 1 de mayo de 2019 crearon los tribunales laborales del Poder Judicial y los centros de conciliación con una fase prejudicial obligatoria de hasta 45 días. La inspección, en ese diseño, ocupa la primera línea de detección y de prevención: cada acta bien calificada evita un juicio posterior, y cada omisión inspectiva desplaza la carga hacia el nuevo aparato judicial. Un sistema de inspección subdimensionado se traduce, entonces, en presión adicional para tribunales todavía en fase de consolidación.

Conclusiones

1. La Inspección Federal del Trabajo mexicana descansa en un diseño mixto en el que la DGIFT y sus 32 ORFT concurren con las autoridades laborales locales bajo el reparto competencial del artículo 527 de la LFT. La correcta lectura de las cifras nacionales exige distinguir entre visitas federales y estatales, que responden a autoridades y a procedimientos distintos.

2. Con alrededor de 650 inspectores federales y una meta de 43,000 visitas en 2025, la carga individual de trabajo se aproxima a los sesenta expedientes anuales por inspector, tope operativo que difícilmente puede aumentar sin reforzar la plantilla y la infraestructura tecnológica.

3. El régimen sancionador anclado a la UMA otorga a las multas laborales una capacidad disuasoria creciente conforme se actualiza la unidad. La cancelación de más de 16,000 registros REPSE en 2024 ilustra que la sanción administrativa sobre el título habilitante puede pesar más que la multa monetaria en sectores altamente regulados.

4. La entrada en operación del SIDIL y el arranque de VELAVO señalan una transición hacia un modelo de inspección basado en riesgo y en cumplimiento voluntario asistido, en línea con las prácticas de administraciones tributarias modernas. Su efectividad dependerá de la calidad de los datos, de la validación técnica de los modelos predictivos y de la incorporación efectiva del sector privado al programa voluntario.

5. La no ratificación del Convenio 81 de la OIT y la brecha de plantilla frente a las referencias internacionales sitúan a México en la retaguardia global de la inspección laboral. La consolidación del nuevo modelo de justicia laboral, cuya operación depende de un flujo controlable de conflictos, hace de la ampliación y profesionalización de la DGIFT una tarea de política pública que excede el ámbito operativo de la STPS.