ENVE 2024 y Ley General de Extorsión: la radiografía del delito contra las empresas y el nuevo marco punitivo
Lectura de la ENVE 2024 del INEGI: 27.2% de unidades económicas víctimas, 124.3 mmdp de costo y la Ley General de Extorsión publicada en noviembre de 2025.
Contexto
El 10 de diciembre de 2024 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó, mediante el comunicado de prensa 780/24, los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024. Se trata de la séptima edición de un ejercicio bienal que arrancó en 2012 y que, desde entonces, constituye la única fuente estadística oficial que cuantifica la victimización delictiva desde la perspectiva de las unidades económicas del país. La ENVE pertenece al Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ) y se construye como contraparte sectorial de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), orientada a hogares.
La relevancia del levantamiento no se agota en la medición. La publicación coincidió con un ciclo de política pública que, meses más tarde, se tradujo en la Estrategia Nacional contra la Extorsión anunciada en julio de 2025 y en la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de noviembre de 2025. La ENVE 2024, en consecuencia, operó como el principal diagnóstico cuantitativo que acompañó el tránsito legislativo del delito empresarial más comentado del sexenio.
Diseño muestral y arquitectura metodológica
El diseño de la ENVE 2024 es probabilístico, estratificado y por conglomerados, con una muestra planeada de 36,892 unidades económicas y un operativo de recuperación efectiva de 30,258 establecimientos, equivalente a una tasa de respuesta del 82%. El levantamiento se realizó del 2 de mayo al 28 de junio de 2024, con entrevistas directas al responsable del establecimiento y recuperación telefónica mediante el sistema CATI. El periodo de referencia para la victimización fue el año calendario 2023, mientras que la percepción sobre seguridad y desempeño institucional se capturó al momento del levantamiento.
La encuesta mide tres indicadores: prevalencia (unidades económicas víctimas de delito por cada 10,000 UE), incidencia (delitos cometidos por cada 10,000 UE) y la cifra negra, calculada como la proporción de delitos que no se denunciaron o que, denunciados, no derivaron en la apertura de carpeta de investigación. La unidad de observación es el establecimiento, no la empresa, lo que distingue a la ENVE de otros ejercicios victimológicos y la vincula con el marco geoestadístico del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) y con los Censos Económicos.
Magnitud de la victimización en 2023
La ENVE 2024 estima que 1.3 millones de establecimientos fueron víctimas de al menos un delito durante 2023, cifra que equivale a 27.2% del total de unidades económicas del país. Dos años antes, en el levantamiento 2022 que midió los delitos de 2021, la prevalencia se había ubicado en 24.6%. El incremento de 2.6 puntos porcentuales marca la primera recuperación de la serie después del ciclo pandémico, aunque el nivel observado todavía se sitúa por debajo del máximo histórico registrado en el ejercicio 2018.
Los 1.3 millones de establecimientos acumularon 2.9 millones de delitos, lo que implica una concentración promedio de 2.2 ilícitos por víctima. La estructura del universo delictivo documenta, además, una recomposición en favor de modalidades que explotan la rutina del establecimiento más que el momento transaccional: el robo hormiga, la extorsión y el robo de mercancía desplazaron en frecuencia a los asaltos puntuales y abrieron espacio a tipologías cibernéticas en los sectores con mayor digitalización.
Composición por sector y tamaño de empresa
La distribución sectorial confirma la especial exposición del sector comercio. En 2023, 31.5% de las unidades económicas comerciales fue víctima de algún delito, frente a 24.2% en los servicios y 21.6% en las industrias manufactureras. Cuando el análisis se desagrega por tamaño del establecimiento, la relación se vuelve estrictamente monótona en la mitad superior de la escala: las unidades medianas registraron una prevalencia de 49.0%, las grandes de 47.3%, las pequeñas de 40.7% y las micro de 26.3%. El resultado parece contraintuitivo —son las micro las que concentran el 95% del tejido empresarial— pero refleja la mayor exposición operativa de los establecimientos con horarios extendidos, inventarios voluminosos, flujos de efectivo y plantillas más amplias.
Prevalencia por tamaño y sector
| Corte | Prevalencia (% de UE víctimas, 2023) |
|---|---|
| Comercio | 31.5 |
| Servicios | 24.2 |
| Industrias manufactureras | 21.6 |
| Microempresas | 26.3 |
| Pequeñas empresas | 40.7 |
| Medianas empresas | 49.0 |
| Grandes empresas | 47.3 |
La asimetría tiene implicaciones de política pública. Las medianas y grandes empresas pueden internalizar parcialmente el costo del delito mediante presupuestos de seguridad privada, seguros patrimoniales y rediseño operativo. Las micro, con márgenes operativos estrechos, trasladan buena parte del impacto al cierre de establecimientos, a la reducción de horarios o a la contracción de las jornadas de atención, efectos que la ENVE no mide directamente pero que la literatura empresarial ha documentado desde la década anterior.
El costo económico del delito
La ENVE 2024 estima que el impacto económico de la delincuencia y la inseguridad sobre las unidades económicas durante 2023 ascendió a 124.3 mil millones de pesos, equivalente al 0.51% del Producto Interno Bruto nacional. En promedio, cada unidad económica dedicó 54,451 pesos a pérdidas por delito y a medidas de protección, de los cuales 67.2 mil millones de pesos del agregado correspondieron a gasto preventivo —cerca del 54% del costo total— y el resto a pérdidas materiales derivadas de la comisión del delito.
El reparto entre prevención y daño ilustra una característica estructural del fenómeno: la mayor parte del costo no se asocia a la cristalización del delito, sino a los recursos que las empresas destinan para evitarlo. Guardias, cercos perimetrales, cámaras, pólizas, sistemas de monitoreo y rediseño de rutas de distribución alimentan un mercado paralelo de seguridad privada que opera como respuesta descentralizada a la insuficiencia del sistema penal. La ENVE no desagrega las partidas de gasto preventivo por sector, pero la literatura comparada sugiere que los sectores logístico, de transporte y de comercio al mayoreo concentran la mayor intensidad de gasto por establecimiento.
Extorsión: el delito emblemático
La ENVE 2024 confirma la consolidación de la extorsión como el delito con mayor incidencia contra el sector privado. Durante 2023 se cometieron 747,000 extorsiones en establecimientos del país, con una tasa de incidencia de 1,562 extorsiones por cada 10,000 unidades económicas y una participación del 25.5% en el total de delitos contabilizados por la encuesta. En 67.0% de los casos la víctima entregó lo solicitado, dato que apunta a la eficacia operativa del delito y a la asimetría de poder entre el extorsionador y la unidad extorsionada.
La heterogeneidad territorial agrega complejidad. En dieciocho entidades federativas la extorsión fue el delito más frecuente contra establecimientos; en otras seis lo fue el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes; en seis más, el robo hormiga; y únicamente en el Estado de México y en Durango destacaron los actos de corrupción y los delitos informáticos como las modalidades más comunes. Esta diversidad confirma que el delito empresarial no se comporta como un fenómeno homogéneo sino como un mosaico cuya composición depende de la densidad del tejido económico local, de la presencia de mercados ilícitos y de la capacidad de disuasión del Ministerio Público estatal.
Cifra negra, corrupción e impunidad
El hallazgo con mayor peso diagnóstico es la magnitud de la cifra negra. La ENVE 2024 estima que solo 12.2% de los delitos contra establecimientos fue denunciado durante 2023 y que únicamente en 9.7% de los casos se abrió una carpeta de investigación. La proporción de delitos que no se denunció o que no derivó en carpeta se ubicó en 90.3%, lectura prácticamente idéntica a la cifra negra que la ENVIPE 2025 reportó para hogares (93.2%) y que confirma la convergencia entre ambos subuniversos.
El bloque de corrupción empresarial muestra magnitudes menores pero una impunidad aún mayor. En 2023, 169,769 establecimientos —3.5% del universo— reportaron haber sido víctimas de algún acto de corrupción al realizar trámites o solicitar servicios públicos. De este subconjunto, 98.9% de los actos no se denunció ni se investigó, lo que ubica a la corrupción empresarial como la modalidad delictiva con mayor opacidad estadística de las medidas por el INEGI. La definición operativa incluye las situaciones en las que un servidor público, directamente o por interpósita persona, solicita dinero, regalos o favores a cambio de agilizar, aprobar o evitar un trámite.
Heterogeneidad estatal
El análisis por entidad federativa confirma la concentración geográfica de la percepción de inseguridad empresarial. Los estados en los que una mayor proporción de unidades económicas consideró que la inseguridad y la delincuencia son los problemas más graves para su operación fueron Guanajuato (78.2%), Tabasco (73.7%) y Morelos (72.5%). En Guanajuato, además, el costo promedio del delito por establecimiento ascendió a 82,915 pesos, el nivel más alto reportado por la encuesta a escala estatal. En el extremo opuesto, Yucatán se mantuvo como la entidad con menor percepción de inseguridad empresarial, con 24.5% de las unidades económicas que calificaron la situación como insegura.
La dispersión entre los extremos —casi 54 puntos porcentuales entre Guanajuato y Yucatán— es consistente con la que la ENVIPE documenta para hogares y refuerza la hipótesis de que la geografía de la delincuencia empresarial no coincide con la geografía de la actividad económica. Entidades con alta densidad productiva como Guanajuato, Nuevo León y la Ciudad de México conviven con niveles de victimización empresarial muy heterogéneos, lo que relativiza la asociación mecánica entre tamaño del aparato económico local e intensidad del delito.
La respuesta institucional: Ley General de Extorsión de 2025
El año posterior a la publicación de la ENVE 2024 concentró el ciclo legislativo de mayor relevancia reciente para el delito empresarial. En julio de 2025 el gobierno federal presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, articulada en torno a cinco ejes: persecución de oficio, armonización legislativa, fortalecimiento de la línea 089 para la denuncia anónima, consolidación de unidades estatales especializadas y publicación de un manual nacional de atención. La estrategia reconoció de forma explícita que la cifra negra documentada por la ENVE condicionaba cualquier esfuerzo de persecución basado en la denuncia individual.
La iniciativa de reforma constitucional al artículo 73 fracción XXI, enviada por la Presidencia de la República al Congreso, otorgó al legislador federal la facultad para expedir una ley general en la materia. La Cámara de Diputados aprobó el dictamen el 28 de octubre de 2025, el Senado de la República lo ratificó por unanimidad —110 votos a favor y ninguno en contra— el 19 de noviembre de 2025 y, el 28 de noviembre de 2025, el DOF publicó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. El ordenamiento entró en vigor al día siguiente.
El nuevo marco introduce tres cambios de arquitectura. Primero, establece la persecución de oficio en todo el territorio nacional: la investigación ya no depende de que la víctima presente denuncia, con lo que el Estado asume la carga procesal que la ENVE identificó como principal cuello de botella. Segundo, uniforma el tipo penal básico a lo largo de las entidades federativas y eleva el rango sancionatorio: la pena base pasa a ubicarse entre quince y veinticinco años de prisión, con agravantes que pueden conducir hasta cuarenta y dos años en los supuestos más graves, cuando la víctima pertenece a grupos vulnerables o cuando el delito se vincula con delincuencia organizada. Tercero, obliga a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y a la operación del número 089 como canal homogéneo de denuncia anónima.
El efecto cuantitativo de la reforma solo podrá medirse con precisión en la próxima edición de la ENVE, prevista para el ciclo 2026 bajo el calendario bienal del SNIGSPIJ. En el intervalo, la ENVIPE 2025 ya documentó una tasa de extorsión en hogares de 5,971 por cada 100,000 habitantes, con 97.0% de cifra negra, lo que indica que el reto estadístico de la medición de la extorsión no se agota en la vertiente empresarial y que la convergencia entre ambos indicadores constituirá uno de los principales criterios de evaluación del nuevo régimen punitivo.
Conclusiones
- La ENVE 2024 documenta un rebote de la victimización empresarial después del ciclo pandémico: 27.2% de las unidades económicas fue víctima de algún delito en 2023, frente al 24.6% registrado en 2021, con 2.9 millones de delitos cometidos contra 1.3 millones de establecimientos.
- El costo económico del delito alcanzó 124.3 mil millones de pesos en 2023, equivalente al 0.51% del PIB, con un promedio de 54,451 pesos por unidad económica y una participación del gasto preventivo cercana al 54% del total.
- La extorsión se consolidó como el delito con mayor incidencia contra el sector privado, con 747,000 eventos y una tasa de 1,562 por cada 10,000 unidades económicas; en 67.0% de los casos la víctima entregó lo solicitado.
- La cifra negra del delito empresarial se ubicó en 90.3% y la impunidad en los actos de corrupción empresarial alcanzó 98.9%, lo que confirma la escasa utilidad analítica de los registros ministeriales por sí solos.
- La respuesta institucional cristalizó en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, publicada en el DOF el 28 de noviembre de 2025, que establece la persecución de oficio, uniforma el tipo penal y eleva la pena a un rango de quince a cuarenta y dos años de prisión.
- El próximo levantamiento bienal de la ENVE operará como la primera prueba estadística del nuevo marco punitivo, en un contexto en el que la ENVIPE 2025 ya documentó una convergencia entre la extorsión empresarial y la extorsión en hogares que exige una lectura integrada de ambos subuniversos del Subsistema de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.