ENCIG 2025: nueva medición de calidad gubernamental y el repunte de la corrupción en México
Análisis de la octava edición de la ENCIG del INEGI, con el costo de la corrupción en 17,707 mdp, caída de la satisfacción con servicios públicos y contraste de confianza institucional.
Contexto
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) es el instrumento central del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia para medir la percepción y la experiencia ciudadana con los trámites, servicios y actos de corrupción en México. El 21 de mayo de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó el comunicado de prensa 28/26 con los resultados de la ENCIG 2025, la octava edición del programa que se levantó entre el 31 de octubre y el 16 de diciembre de 2025.
Los datos confirman un ciclo de deterioro respecto a 2023: el costo estimado de la corrupción escaló a 17,707.4 millones de pesos, la satisfacción con los servicios públicos básicos retrocedió a 47.2% y la prevalencia de víctimas por actos de corrupción alcanzó 15.6% entre quienes tuvieron contacto con alguna autoridad. La octava medición ofrece una fotografía extensa del vínculo entre ciudadanía y aparato estatal en un momento de reordenamiento constitucional del sistema estadístico y de transición administrativa entre niveles de gobierno.
Arquitectura y diseño del ejercicio
La ENCIG opera con periodicidad bienal desde 2011. Sus ediciones han sido 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 y 2025, con una interrupción de un año durante la pandemia que fue absorbida por el calendario de 2021. El levantamiento se realiza en cabeceras y localidades urbanas de 100,000 habitantes o más, con representatividad nacional y por entidad federativa dentro del dominio urbano.
En su edición 2025, la ENCIG desplegó un marco muestral cercano a 46,000 viviendas seleccionadas del Marco Nacional de Viviendas construido con la cartografía y la información sociodemográfica del Censo de Población y Vivienda 2020. El universo de estudio son personas de 18 años o más residentes en viviendas particulares del ámbito urbano. La operación en campo se apoyó en cuestionarios electrónicos aplicados por entrevistadores del INEGI y en protocolos de control de calidad que incluyen supervisión y validación en dos etapas antes de la generación de resultados.
El diseño del instrumento se organiza en tres bloques principales: percepción sobre gobierno, sociedad y confianza institucional; experiencia con servicios públicos básicos y trámites; y experiencia de corrupción en trámites y contactos con autoridad. Los indicadores se estiman como tasas de prevalencia (personas afectadas por cada cien mil habitantes) e incidencia (número de actos por cada cien mil habitantes), un marco alineado con las recomendaciones metodológicas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para encuestas de victimización.
Corrupción: costo, prevalencia e incidencia
El hallazgo más comentado de la ENCIG 2025 es el ascenso del costo agregado de la corrupción. Según INEGI, el pago o entrega de bienes por parte de víctimas en trámites y contactos con autoridad ascendió a 17,707.4 millones de pesos a nivel nacional en 2025, con un promedio de 3,865 pesos por persona afectada. Comparado con los 11,910.6 millones de pesos y 3,368 pesos promedio por víctima que reportó la ENCIG 2023, el crecimiento nominal supera 48% en dos años, muy por encima de la inflación acumulada del periodo.
La tasa de prevalencia también avanzó. En 2025, 15.6% de la población que realizó trámites, pagos o solicitudes de servicio o tuvo contacto con alguna autoridad experimentó al menos un acto de corrupción, frente a 14.0% en 2023. La percepción sobre la extensión del fenómeno se sostiene en niveles elevados: 84.1% de la población consideró frecuentes los actos de corrupción, un punto por arriba del 83.1% de 2023.
El deterioro se concentra en un contacto específico. La prevalencia de corrupción en contactos con autoridades de seguridad pública subió de 59.4% en 2023 a 63.5% en 2025, la más alta de cualquier trámite medido por la encuesta. Se trata de un patrón consistente con series previas, en las que la interacción con policías estatales y municipales concentra sistemáticamente la mayor incidencia de actos ilícitos.
Distribución estatal
Los estados con mayor prevalencia de víctimas de corrupción fueron Hidalgo (21.5%), Oaxaca (20.3%) y Sinaloa (19.8%). En el extremo opuesto se ubicaron Colima (7.0%), Nayarit (8.9%) y Zacatecas (9.4%). El contraste no es meramente descriptivo: coincide con la geografía de la satisfacción con trámites y con la calidad reportada de los servicios básicos, lo que sugiere una asociación entre capacidades administrativas locales y probabilidad de que el ciudadano quede expuesto a extorsión.
Servicios públicos: retroceso generalizado
La satisfacción con los servicios públicos básicos y bajo demanda retrocedió a 47.2% en 2025, frente a 50.0% registrado en 2023. La caída de casi tres puntos ocurre en un contexto en el que buena parte de los servicios evaluados son de responsabilidad municipal, un ámbito que la propia serie de la ENCIG ha identificado como la esfera con mayor presión fiscal y menor capacidad técnica del entramado gubernamental mexicano.
El detalle por servicio permite ordenar las brechas relativas entre lo que la ciudadanía urbana considera aceptable y lo que percibe como deficiente.
| Servicio básico | Satisfacción 2025 |
|---|---|
| Recolección de basura | 71.5% |
| Agua potable | 51.4% |
| Drenaje y alcantarillado | 43.4% |
| Parques y jardines | 42.0% |
| Alumbrado público | 41.1% |
| Policía | 27.9% |
| Carreteras y caminos | 27.3% |
| Calles y avenidas | 23.7% |
La recolección de basura mantiene la calificación más alta y es prácticamente el único servicio local que cruza el umbral de 70%. En contraste, las calles y avenidas, la actividad policial y la infraestructura vial mantienen niveles de aprobación por debajo de 30%, con lo que la mayoría de los servicios que exigen inversión sostenida en infraestructura y personal capacitado se ubican en el tramo insatisfactorio.
La foto se invierte cuando se pregunta por trámites realizados de manera presencial: 82.3% de la población de 18 años y más se declaró satisfecha con el trámite que realizó en persona durante 2025. La divergencia entre la evaluación general de servicios y la satisfacción con trámites específicos es un fenómeno documentado en varias ediciones de la serie y suele explicarse por el sesgo cognitivo hacia experiencias transaccionales concretas frente a la evaluación difusa del funcionamiento cotidiano de la ciudad.
Dispersión estatal
Los estados con mayor satisfacción reportada fueron Coahuila (58.3%), Colima (56.8%) y Nayarit (56.6%). En el extremo inferior aparecieron Guerrero (36.5%), Puebla (40.1%) y el Estado de México (40.2%). La distancia entre el promedio de las tres entidades mejor evaluadas y las tres peor evaluadas supera 18 puntos porcentuales, un rezago que documenta la heterogeneidad del pacto de servicio público entre estados y municipios mexicanos.
Confianza institucional
La ENCIG 2025 aporta también una batería de mediciones sobre confianza en instituciones públicas. Las Fuerzas Armadas —Ejército, Marina y Fuerza Aérea— continúan como la institución con mayor confianza pública: 75.9% de la población reportó un nivel de confianza alto o moderadamente alto, en línea con la trayectoria observada desde 2013. La Guardia Nacional y las universidades públicas se ubican en el tramo alto, mientras que jueces, magistrados, policía preventiva y partidos políticos se colocan en la porción inferior de la distribución.
Los partidos políticos aparecen nuevamente como la institución con menor confianza reportada, con 23.9% de la población que declara confiar en ellos. La lectura combinada con la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (ENCOAP) 2025, publicada también por INEGI, refuerza la brecha entre instituciones asociadas a la provisión de servicios universales y las de intermediación política representativa.
Comparativo 2023-2025
La tabla siguiente resume los principales indicadores en las dos ediciones más recientes y ordena la dirección de cambio.
| Indicador | ENCIG 2023 | ENCIG 2025 |
|---|---|---|
| Costo estimado de la corrupción (mdp) | 11,910.6 | 17,707.4 |
| Costo promedio por víctima (pesos) | 3,368 | 3,865 |
| Percepción de corrupción como frecuente | 83.1% | 84.1% |
| Prevalencia de corrupción en trámites | 14.0% | 15.6% |
| Prevalencia en contacto con seguridad pública | 59.4% | 63.5% |
| Satisfacción con servicios básicos y bajo demanda | 50.0% | 47.2% |
| Satisfacción con trámites presenciales | s.d. comparable | 82.3% |
| Confianza en Fuerzas Armadas | 74.8% | 75.9% |
La lectura conjunta permite descartar que se trate de un movimiento aislado. Los indicadores de corrupción y satisfacción avanzan en sentidos opuestos al que reportó la serie 2019-2023, cuando la prevalencia de corrupción había registrado descensos moderados y la satisfacción con servicios se había estabilizado por encima de la mitad de la población.
Alcances y limitaciones
La ENCIG mantiene tres limitaciones metodológicas relevantes al momento de interpretar sus resultados. La primera es su cobertura estrictamente urbana: no capta la experiencia de los 34 millones de personas que residen en localidades menores a 100,000 habitantes y que, según el propio SNIEG, enfrentan menor densidad institucional y potencialmente mayor vulnerabilidad frente a intermediarios. La segunda es la naturaleza autorreportada de los actos de corrupción, que combina un incentivo a la subdeclaración —el temor a represalias— con un sesgo de recuerdo asociado a la definición del acto ilícito. La tercera es la duración fija del reference period (los doce meses previos al levantamiento), que produce mediciones puntuales sensibles a eventos coyunturales como cambios de administración municipal o ciclos electorales.
INEGI y el SNIEG han acompañado la publicación con la liberación de bases de datos abiertas, cuestionarios y microdatos usuarios, lo que permite realizar tabulados ad hoc y ejercicios econométricos. La documentación técnica publicada en mayo de 2026 incluye el reporte de resultados 16/26, el marco conceptual, el diseño muestral, el informe operativo y las bases usuarios, además del comunicado 28/26 que sintetiza los hallazgos principales.
Conclusiones
- La octava edición confirma un retroceso. El costo de la corrupción creció 48.7% nominal entre 2023 y 2025, la prevalencia subió a 15.6% y la percepción de que la corrupción es frecuente alcanzó 84.1%, todo por encima de la lectura previa.
- La ventana de mayor riesgo está en seguridad pública. El contacto con autoridades policiales concentra 63.5% de la prevalencia de actos de corrupción, la tasa más alta observada por la serie desde 2011.
- Los servicios básicos siguen calificados por debajo de la mitad de la población urbana. Solo la recolección de basura supera el umbral de 70% y ocho de nueve servicios evaluados retroceden respecto a 2023, con una brecha estatal que rebasa 18 puntos.
- Los trámites presenciales conservan alta satisfacción, con 82.3% de aprobación, lo que sugiere que las oficinas de atención directa son la parte del aparato administrativo con mejores dispositivos de servicio, aunque conviven con la extorsión detectada por la propia ENCIG.
- La brecha de confianza institucional se ensancha. Fuerzas Armadas (75.9%) y partidos políticos (23.9%) marcan un contraste de más de 50 puntos porcentuales, un patrón consistente con toda la serie histórica.
- La ENCIG 2025 se ha convertido en el insumo obligado para la agenda anticorrupción 2026-2030, tanto para el Sistema Nacional Anticorrupción como para el reordenamiento estadístico que sigue a la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2024 y a la extinción del CONEVAL.
La liberación completa de microdatos, la cobertura estatal representativa y la comparabilidad metodológica con siete ediciones previas hacen de la ENCIG 2025 la referencia de mayor granularidad disponible para diseñar política pública frente a la corrupción y para monitorear la calidad de los servicios locales en México.