Bono demográfico en México: la ventana que se cierra y sus consecuencias para el sistema de pensiones
Cierre de la ventana del bono demográfico en México, aritmética de la razón de dependencia y consecuencias fiscales para el sistema pensionario 2026-2050.
Contexto
México se encuentra en la fase avanzada de un fenómeno demográfico irrepetible: el bono demográfico, entendido como el período durante el cual la población en edad de trabajar crece más rápido que las poblaciones dependientes de niños y adultos mayores. La ventana abrió hacia el final de los años setenta, cuando la fecundidad comenzó a descender de manera sostenida, y se aproxima a su cierre en la tercera década del siglo. La aritmética es directa: cuando el peso relativo de la población en edad productiva alcanza su máximo, la razón de dependencia total —niños menores de 15 años más adultos de 65 años y más entre la población de 15 a 64 años— toca su mínimo. A partir de ese punto, el envejecimiento comienza a revertir el equilibrio.
El diagnóstico no es meramente demográfico: la trayectoria del bono determina el margen fiscal y actuarial con que operan los pilares contributivo y no contributivo del sistema de pensiones mexicano. Un aparato diseñado en las décadas de expansión de la población económicamente activa opera hoy sobre bases distintas de aquellas en que fue concebido, y las últimas reformas —la del sistema de ahorro individual en 1997 y el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2020, que elevó aportaciones patronales y ajustó los requisitos para acceder a la pensión mínima garantizada— apenas alcanzan a cubrir una fracción de la brecha que el cierre del bono anticipa.
El bono demográfico: qué es y cómo se mide
Aritmética de la razón de dependencia
El bono demográfico no es un stock, sino un flujo relativo. Su indicador convencional es la razón de dependencia total (RDT), calculada como el cociente entre la suma de la población menor de 15 años y la mayor de 64 años frente a la población de 15 a 64 años, multiplicado por cien. Cuando esta razón desciende, cada persona en edad de trabajar sostiene a menos personas económicamente dependientes; cuando asciende, la relación se invierte. El bono corresponde al tramo del descenso.
La razón se descompone en dependencia juvenil (menores de 15 entre 15-64) y dependencia senescente (65 y más entre 15-64). Su evolución conjunta define la forma de la ventana: la dependencia juvenil cae primero por la baja de la fecundidad; la senescente sube después, con rezago, conforme las cohortes numerosas de mediados del siglo XX alcanzan la edad de retiro. En México, esa secuencia se manifiesta con claridad desde principios del siglo actual.
La ventana mexicana
La Conciliación Demográfica de México 1950-2019 y las Proyecciones 2020-2070, publicadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 2023, sitúan el mínimo de la RDT entre finales de la década de 2020 e inicios de la de 2030. Antes de la ventana, en los años setenta, la RDT superaba los 100 dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar; en la fase más plana del bono se ha aproximado a la mitad de ese nivel. La misma proyección estima el tamaño poblacional en 133.4 millones para 2025 y anticipa una edad mediana cercana a 34 años en 2028, umbral empleado en la literatura como indicador de entrada a la fase avanzada del envejecimiento.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) califica la duración de la ventana mexicana como intermedia dentro del contexto regional: naciones como Uruguay agotaron su bono con anterioridad, mientras que en Guatemala la ventana continúa abierta. El aprovechamiento mexicano coincidió con la apertura comercial, la expansión del sector terciario, la incorporación gradual de la mujer al mercado laboral y la reforma del sistema pensionario contributivo. La coincidencia no aseguró, sin embargo, un aumento equivalente en la productividad ni en la cobertura efectiva del ahorro para el retiro.
La trayectoria demográfica
Descenso de la fecundidad
La tasa global de fecundidad (TGF), definida como el número promedio de hijos por mujer al término de su vida reproductiva, retrocedió en México de niveles superiores a seis hijos por mujer a mediados del siglo XX a valores cercanos a 2.1 hacia el final de la década de 2010, según las estimaciones publicadas por el INEGI con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018. La ENADID 2023, difundida por el INEGI en 2024, confirmó la continuidad del descenso hacia niveles próximos o inferiores al reemplazo generacional, un umbral cifrado en 2.1 hijos por mujer.
Este desplome —producto de la ampliación de la escolaridad femenina, la urbanización, la difusión de anticonceptivos y los cambios culturales en torno a la maternidad— explica el primer motor del bono. Menos nacimientos anuales reducen la dependencia infantil sin alterar todavía el tamaño de la población en edad de trabajar, que refleja los nacimientos de dos y tres décadas atrás. El descenso persistente restringe además el tamaño de las cohortes que sostendrán, vía cotizaciones e impuestos, el sistema de pensiones.
Envejecimiento acelerado
El segundo motor —la elevación de la esperanza de vida— actúa con rezago. Los indicadores publicados por INEGI muestran que la esperanza de vida al nacer se ubica en el rango de 74 a 76 años, con una brecha estable de aproximadamente seis años entre mujeres y hombres. La sobrevivencia posterior a los 65 años se ha extendido: quienes alcanzan esa edad enfrentan expectativas adicionales cercanas a 17 años en promedio.
El resultado combinado es una pirámide poblacional que ha perdido su base ancha para adquirir contornos rectangulares. CONAPO proyecta que la población de 60 años y más pasará del orden de 14% al inicio de la década de 2020 a más de 21% hacia 2044 y a más de 34% hacia 2070.
Indicadores clave de la transición
| Indicador | Década de 1970 | Década de 2020 | Proyección 2050 |
|---|---|---|---|
| Tasa global de fecundidad | ≈ 6 hijos por mujer | ≈ 1.9-2.1 | Debajo del reemplazo |
| Esperanza de vida al nacer | ≈ 61 años | ≈ 75 años | Escenario ascendente |
| Población 65 años y más (% total) | < 4% | ≈ 8% | > 20% |
| Razón de dependencia total | > 100 por cada 100 | ≈ 47-50 por cada 100 | Trayectoria ascendente |
Fuente: elaboración propia con base en CONAPO, Conciliación Demográfica 1950-2019 y Proyecciones 2020-2070, 2023; INEGI, Censo 2020 y ENADID 2023.
Implicaciones para el sistema pensionario
El pilar contributivo del SAR
El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), reformado por la Ley del Seguro Social de 1997 y modificado por el decreto del 16 de diciembre de 2020 publicado en el Diario Oficial de la Federación, opera bajo un esquema de contribución definida en cuentas individuales. En principio, este diseño es demográficamente neutro: cada trabajador financia su propia pensión con las aportaciones acumuladas a lo largo de su vida laboral, sin depender de las cotizaciones de las generaciones subsiguientes.
En la práctica, la neutralidad se compromete por tres razones. Primera, la reforma de 2020 elevó gradualmente la aportación patronal para el ramo de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV) desde 6.5 por ciento del salario base de cotización hasta 15 por ciento en 2030, con el objetivo de reforzar las tasas de reemplazo. Ese calendario opera durante la última etapa del bono demográfico, cuando la base de asegurados en edad productiva aún es amplia; su rendimiento pleno se materializará conforme la ventana se cierre. Segunda, la pensión mínima garantizada, ampliada por la reforma de 2020 con nueva estructura de escalones vinculada al salario y a las semanas cotizadas, requiere financiamiento fiscal complementario cuando la densidad de cotización o el saldo acumulado resulta insuficiente. Tercera, la baja densidad de cotización —la proporción del tiempo en que un trabajador aporta efectivamente al sistema durante su vida laboral, estimada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) en torno a 45 por ciento— limita el efecto del incremento en tasas.
Los reportes trimestrales de la CONSAR al Congreso de la Unión muestran que el saldo administrado del SAR se ha situado por encima de seis billones de pesos en 2026. Las cohortes que se retirarán con reglas plenamente actuariales de contribución definida —las nacidas después de 1980, cuya vida laboral está aún en curso— serán las primeras en enfrentar la aritmética completa del cierre del bono, sin las palancas de acumulación disponibles durante la fase expansiva.
El pilar no contributivo: pensión para adultos mayores
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBAM), incorporada al artículo 4º constitucional en la reforma publicada en el DOF el 8 de mayo de 2020, opera con financiamiento fiscal íntegro. Su cobertura universal a partir de los 65 años transforma la aritmética demográfica en aritmética presupuestaria: cada nueva cohorte que alcanza la edad de elegibilidad amplía el padrón de manera automática, sin que exista un fondo de reserva ni una fuente de ingreso vinculada específicamente al programa.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) ha documentado la trayectoria ascendente del gasto en pensiones no contributivas y ha señalado el impacto acumulado del envejecimiento sobre las finanzas públicas mexicanas. Sus análisis del cambio demográfico y de las presiones estructurales sobre el gasto público colocan la trayectoria del pilar no contributivo entre las principales fuentes de rigidez presupuestaria en el horizonte 2026-2050. En la medida en que la Pensión para el Bienestar sea universal, sin límite superior por ingreso, cada punto adicional de participación de la población de 65 años y más en la estructura por edades se traduce en un incremento proporcional de la obligación presupuestaria.
Pasivo pensionario legacy
La coexistencia del régimen de beneficio definido de la Ley del Seguro Social de 1973 con el sistema de cuentas individuales derivado de la Ley de 1997 mantiene un pasivo actuarial que se manifiesta en el Presupuesto de Egresos de la Federación como aportación complementaria del Gobierno Federal para el pago de pensiones en curso. Cada trabajador afiliado antes del 1 de julio de 1997 conserva el derecho de optar entre ambos regímenes al momento del retiro; en la mayoría de los casos, el beneficio definido resulta más favorable y su financiamiento no recae sobre la cuenta individual sino sobre recursos federales. El fenómeno equivalente en el ISSSTE, con la coexistencia del Décimo Transitorio de la Ley de 2007 y el régimen de cuentas individuales, genera la misma dinámica. Ambos pasivos aumentan con el envejecimiento de las cohortes originales, un efecto que la aritmética del bono había amortiguado y que la reversión de la ventana acelerará.
Comparativo internacional
En el análisis regional de la CEPAL, América Latina se encuentra en distintas fases del bono demográfico. Uruguay, Cuba y Chile registran razones de dependencia crecientes desde hace más de una década. Costa Rica, Colombia y Brasil transitan por su fase de cierre, en trayectoria similar a la mexicana. Bolivia y Guatemala aún cuentan con márgenes amplios.
Al comparar tasas de reemplazo brutas con las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicadas en Pensions at a Glance 2023, México se ubica entre los niveles más bajos entre los países miembros, incluso considerando el efecto proyectado del incremento gradual de aportaciones patronales aprobado en 2020. La cobertura efectiva del pilar contributivo —proporción de la población de 65 años y más con pensión derivada de cotizaciones— se sitúa por debajo del 40 por ciento, según CONSAR y organismos internacionales; la fracción restante depende del pilar no contributivo, del ahorro voluntario o de arreglos familiares.
Agenda pendiente
El cierre del bono demográfico obliga a revisar tres dimensiones simultáneas del sistema pensionario. La primera es la cobertura efectiva del pilar contributivo, que depende críticamente de la formalización del empleo. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada por el INEGI reporta que la tasa de informalidad laboral supera de manera persistente 55 por ciento de la población ocupada; mientras esa proporción no se reduzca de forma estructural, la densidad de cotización difícilmente aumentará y el ahorro individual permanecerá insuficiente para financiar tasas de reemplazo dignas.
La segunda dimensión es el diseño fiscal del pilar no contributivo. El financiamiento íntegro con recursos corrientes de la Pensión para el Bienestar implica que el gasto crecerá en paralelo al envejecimiento de la población, sin instrumentos de suavizamiento intergeneracional. La creación en 2024 del Fondo de Pensiones para el Bienestar, con arquitectura de fideicomiso público SHCP-Banxico, complementa la pensión contributiva de trabajadores de la Ley de 1997 hasta un tope referido al salario promedio del IMSS, pero no altera la lógica de flujo fiscal del pilar no contributivo ni constituye un mecanismo de acumulación para hacer frente al aumento del padrón de la PBAM.
La tercera es la sostenibilidad del pasivo legacy y su articulación con la sustitución generacional. La reducción gradual de nuevos pensionados bajo la Ley de 1973 aliviará paulatinamente la presión sobre el régimen anterior, mientras que la maduración del pilar de cuentas individuales incrementará la responsabilidad de financiamiento propio de las cohortes nacidas después de 1980. Ese tránsito exigirá alinear la duración de la vida laboral con el aumento de la esperanza de vida, la portabilidad entre regímenes y la mejora de rendimientos netos reales de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (SIEFORES).
Conclusiones
- La ventana del bono demográfico mexicano se aproxima a su cierre en la segunda mitad de la década de 2020, con la razón de dependencia total en torno a su mínimo histórico según CONAPO. La trayectoria posterior está determinada por el envejecimiento de las cohortes numerosas nacidas entre 1965 y 1990 y por una fecundidad que se sitúa alrededor del umbral de reemplazo.
- El sistema pensionario mexicano fue reformado en fases —1997 en el IMSS, 2007 en el ISSSTE, 2020 en aportaciones y pensión mínima garantizada— pero opera sobre supuestos demográficos que ya no corresponden a la trayectoria observada. La combinación de baja fecundidad y mayor sobrevivencia post-65 exige recalibrar los parámetros de aportación, edad de retiro y desacumulación.
- La coexistencia del pilar contributivo del SAR con la Pensión para el Bienestar amplía la cobertura, pero traslada al presupuesto federal una fracción creciente del riesgo demográfico. Sin instrumentos explícitos de acumulación intergeneracional o de vinculación a bases contributivas, el envejecimiento presionará directamente sobre el gasto corriente.
- La informalidad laboral persistente limita el rendimiento del pilar contributivo aun con las mayores aportaciones patronales. Sin una elevación estructural de la densidad de cotización, el efecto redistributivo del calendario 2020-2030 resultará acotado y una parte relevante del retiro seguirá dependiendo del componente no contributivo.
- La comparación regional y con la OCDE indica que México dispone de una ventana limitada para adaptar el sistema antes de que el envejecimiento imponga costos fiscales mayores. La agenda 2026-2030 requerirá una coordinación explícita entre política demográfica, formalización laboral, régimen fiscal y arquitectura pensionaria, en un contexto en el que la aritmética del bono ya no ofrece el margen que estuvo disponible durante la fase expansiva.