Agentes de comercio y vendedores: el capítulo VIII del Título Sexto de la LFT y la frontera con el trabajo independiente en 2026

Contexto

El Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo, dedicado a los “trabajos especiales”, agrupa a los oficios cuya naturaleza obliga a adaptar el patrón general de la relación individual de trabajo. Entre ellos, el capítulo VIII —que regula a los agentes de comercio y otros semejantes en los artículos 285 a 291— ocupa una posición particular: define una figura híbrida cuya línea con el trabajo independiente es una de las fronteras doctrinales más disputadas del derecho laboral mexicano contemporáneo. Vendedores viajantes, promotores, propagandistas, corredores de bienes y agentes de seguros y fianzas coexisten bajo un mismo capítulo cuya redacción, en lo esencial, no ha sido modificada desde la codificación de 1970.

La discusión de fondo no es teórica. En un mercado laboral con 22.7 millones de puestos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al cierre de abril de 2026 y una tasa de informalidad de 55.0 por ciento en el cuarto trimestre de 2025, según el Boletín 97/26 del INEGI, la clasificación de un vendedor como “trabajador” o como “prestador de servicios independiente” define derechos, cotización a la seguridad social, tributación y participación de utilidades. La reforma en materia de subcontratación de 2021 y la reforma en materia de plataformas digitales de 2024 desplazaron los márgenes de aplicación del régimen sin alterar el texto del capítulo VIII, pero modificando su entorno de operación.

Arquitectura legal: capítulo VIII del Título Sexto

La presunción del artículo 285

El artículo 285 de la LFT dispone que los agentes de comercio, de seguros, los vendedores, viajantes, propagandistas o impulsores de ventas y otros semejantes son trabajadores de la empresa o empresas a las que presten sus servicios cuando su actividad sea permanente, salvo que no ejecuten personalmente el trabajo o que únicamente intervengan en operaciones aisladas. La norma opera, por tanto, como una presunción de laboralidad: quien alegue lo contrario debe probar que la actividad no es permanente, o que no se ejecuta personalmente, o que las operaciones son aisladas.

Los tres extremos que quiebran la presunción —permanencia, ejecución personal y no aislamiento— son cuestiones de hecho. La jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado, en criterios reiterados, que el elemento distintivo entre la relación de trabajo y el contrato de prestación de servicios profesionales es la subordinación, entendida como la facultad del patrón de dirigir la actividad y el correlativo deber del trabajador de acatar instrucciones. La permanencia del artículo 285 opera como un indicio fuerte de subordinación, pero no la agota.

Lugar de la prestación

El artículo 286 fija que el trabajo se considera prestado en el lugar en que esté establecida la empresa o sus agencias o sucursales, salvo pacto expreso que asigne al trabajador una zona determinada. La regla es relevante para efectos de competencia jurisdiccional, inscripción patronal ante el IMSS y aplicación del salario mínimo general o profesional de la zona correspondiente. En 2026, con el salario mínimo general en 315.04 pesos diarios y el de la Zona Libre de la Frontera Norte en 470.45 pesos diarios, la localización del centro de imputación tiene consecuencias salariales directas.

Modalidades salariales y liquidación de comisiones

Combinación de fija y variable

El artículo 287 admite que el salario del agente de comercio se pacte por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra forma. La combinación entre un sueldo base y comisiones —la fórmula mixta— es probablemente la más frecuente en el sector formal. Su virtud es alinear los ingresos del trabajador con el resultado comercial; su desventaja, en cambio, es la volatilidad del ingreso mensual, particularmente relevante para el cálculo del salario diario integrado y de las prestaciones periódicas.

Pago de primas y comisiones

El artículo 288 vincula la exigibilidad de las primas y comisiones al vencimiento y pago de las obligaciones que las originaron, de manera que el trabajador tiene derecho al pago una vez consumada la operación cuya intermediación remunera. La regla protege al agente frente a prácticas de retención prolongada del pago comisional y armoniza con la exigencia general del artículo 89 de que la retribución al trabajador se cubra en periodos no mayores de una semana para el trabajo material y de una quincena para el trabajo intelectual, precisión doctrinal que aplica de forma supletoria cuando el contrato así lo consiente. La documentación se refleja en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de nómina, donde el concepto de comisiones debe registrarse como percepción gravada.

Salario diario integrado y base de cotización

Para determinar el salario diario del agente de comercio, el artículo 289 remite al promedio del último año o al total de los ingresos si el trabajador no ha completado ese periodo. La base así construida se traslada al artículo 27 de la Ley del Seguro Social para efectos del salario base de cotización (SBC), con el tope superior de 25 Unidades de Medida y Actualización, equivalente a 2,932.75 pesos diarios en 2026 con la UMA fijada por el INEGI en 117.31 pesos diarios en el Comunicado 1/26. Un vendedor con comisiones elevadas puede tener un SBC concentrado en el tope, con consecuencias sobre las aportaciones al ramo de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, al INFONAVIT y al INFONACOT.

La frontera con el trabajo independiente

Contrato laboral y contrato civil

La zona gris se despliega entre el artículo 285 de la LFT y las reglas del Código Civil Federal sobre la prestación de servicios profesionales. Si media subordinación —jerarquía, cumplimiento de horario, disciplina, herramientas provistas por la empresa, exclusividad—, la relación es laboral, con independencia del nombre que las partes le den al contrato. La denominación como “prestador de servicios profesionales”, “asesor externo” o “comisionista independiente” carece de eficacia frente a la realidad de los hechos. El principio de primacía de la realidad ha sido reiterado por los tribunales laborales y opera con especial fuerza en las hipótesis del capítulo VIII.

CFDI de nómina y CFDI de honorarios

La documentación fiscal refleja, pero no determina, la naturaleza jurídica del vínculo. El CFDI de nómina, con retención por parte del patrón y afiliación al IMSS, corresponde a la relación laboral; el CFDI por honorarios profesionales, ya sea en el Régimen Simplificado de Confianza para Personas Físicas o en el régimen general de actividades empresariales y profesionales, corresponde a la prestación de servicios independiente. La emisión de un CFDI por honorarios es prueba, no verdad: si el agente de comercio ejecuta personalmente y de manera permanente el servicio en régimen de subordinación, la presunción del artículo 285 sostiene la naturaleza laboral, con las consecuencias resarcitorias correspondientes en caso de terminación.

El impacto de la reforma de subcontratación

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2021 prohibió el suministro de personal por parte de terceros y creó el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), administrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El diseño obliga a que las empresas beneficiarias de los servicios sean las patronas de los trabajadores que ejecutan actividades del objeto social o de la actividad económica preponderante. En consecuencia, esquemas antes usuales —como triangular la actividad de ventas a través de comercializadoras externas— exigen ahora demostrar especialización efectiva y no confusión con la actividad principal, so pena de las sanciones administrativas y fiscales que el nuevo marco prevé.

Agentes de seguros y fianzas: la especialidad regulatoria

Los agentes de seguros y fianzas encuentran su marco de referencia adicional en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF), publicada en el DOF el 4 de abril de 2013, y en el Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas. La normativa distingue entre agentes personas físicas y agentes personas morales, y, dentro de las primeras, entre agentes dependientes y no dependientes. El agente dependiente presta servicios en régimen de subordinación y queda comprendido en la presunción del artículo 285 de la LFT; el agente no dependiente opera con cédula propia otorgada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y factura por honorarios.

La jurisprudencia laboral ha señalado que la mera obtención de la cédula de la CNSF no elimina la posibilidad de que exista relación laboral, si en los hechos concurren los elementos de subordinación, permanencia y ejecución personal. La consecuencia práctica es que las instituciones aseguradoras deben delimitar cuidadosamente el contrato con sus agentes, la exclusividad territorial y las obligaciones de horario, entre otros indicadores. El diseño dual permite al sector operar con márgenes de flexibilidad, pero también expone a las aseguradoras a contingencias laborales cuando la operación de campo se aleja del contrato de comisión mercantil.

Cobertura efectiva y evidencia sectorial

Un universo amplio y estadísticamente disperso

El sector comercio, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, concentra alrededor de una quinta parte de la población ocupada, lo que sitúa a los vendedores y agentes de comercio en un universo del orden de varios millones de personas. La estadística no distingue con precisión entre trabajadores subordinados formalmente registrados y contribuyentes por honorarios, pero los Censos Económicos 2024 del INEGI —publicados en el Comunicado de Prensa 79/25 el 24 de julio de 2025— confirman la centralidad del comercio en la estructura productiva: el sector aportó 23.5 por ciento del Valor Agregado Censal Bruto de 2023.

Del universo formal, una fracción está afiliada al IMSS bajo el régimen ordinario del artículo 12 de la Ley del Seguro Social y otra bajo el aseguramiento voluntario del artículo 13. La distinción es crítica: solo la afiliación patronal ordinaria activa la totalidad de los cinco seguros, incluidos Riesgos de Trabajo y Guarderías, mientras que el aseguramiento voluntario cubre exclusivamente los seguros de Enfermedades y Maternidad y de Invalidez y Vida.

Informalidad y densidad de cotización

La informalidad de 55.0 por ciento en el cuarto trimestre de 2025 opera como límite estructural del capítulo VIII. Buena parte de la actividad de ventas —esquemas multinivel, venta directa por catálogo, promotores independientes en el pequeño comercio— transcurre fuera de un registro patronal formal, con consecuencias sobre la densidad de cotización al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), observada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) en un rango de 40 a 47 por ciento en la Generación Afore, y sobre el acceso futuro a la pensión contributiva. La consecuencia agregada es que la fracción del comercio con vinculación laboral efectiva se distribuye entre un núcleo formal —tiendas de autoservicio, cadenas departamentales, aseguradoras y grandes distribuidoras— y un universo periférico donde la relación se documenta como servicio independiente.

Consecuencias para la seguridad social y el retiro

Bajo el régimen ordinario, el agente de comercio subordinado accede a los cinco seguros del artículo 11 de la Ley del Seguro Social y cotiza al SAR con la trayectoria de aumento gradual de la aportación al ramo de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, que la reforma publicada en el DOF el 16 de diciembre de 2020 elevó de 6.5 a 15 por ciento del SBC hacia 2030. La densidad de cotización, sin embargo, determina la utilidad del incremento. Un vendedor con alta rotación entre empleadores, o alternancia entre trabajo subordinado y honorarios, acumula semanas insuficientes para superar el umbral escalonado del artículo 170 de la Ley del Seguro Social —de 750 en 2021 a 1,000 en 2031—, con la Pensión Mínima Garantizada como red y, para las cohortes elegibles, la interacción con el Fondo de Pensiones para el Bienestar creado por el decreto publicado en el DOF el 30 de abril de 2024.

Reformas colaterales y agenda 2026

La reforma laboral publicada en el DOF el 1 de mayo de 2019 instauró la nueva justicia laboral, con tribunales del Poder Judicial en materia laboral y centros de conciliación federal y estatales. Un conflicto sobre la naturaleza de la relación de un agente de comercio —típicamente derivado de una terminación o de la reclamación de comisiones vencidas— transita hoy por la conciliación prejudicial ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) o su análogo estatal, antes de acceder al juicio ordinario laboral. El diseño ha mostrado índices de conciliación cercanos a tres cuartas partes de los expedientes ingresados en su fase federal.

La reforma en materia de plataformas digitales publicada en el DOF el 24 de diciembre de 2024, con prueba piloto del IMSS entre julio y diciembre de 2025, incorporó al capítulo IX Bis de la LFT una figura autónoma: la persona trabajadora en plataformas digitales. El diseño instaura un umbral de ingreso mínimo para activar la obligación patronal plena y crea un esquema binario entre trabajadores subordinados y trabajadores por operación. Su relevancia para el capítulo VIII es indirecta: el vendedor tradicional no encuadra en la definición de “plataforma”, pero el precedente conceptual —una figura de trabajador subordinado bajo condiciones específicas— se sedimenta en la construcción jurisprudencial sobre la subordinación.

Para el ejercicio 2026, el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2025-2030, publicado en el DOF el 27 de noviembre de 2025, sitúa la formalización y la inspección federal como ejes estructurales de política pública, con el Programa Anual de Inspección de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo priorizando el comercio, los servicios y las plataformas.

Conclusiones

1. La presunción del artículo 285 sigue vigente y sin reforma sustantiva. El régimen del capítulo VIII conserva su formulación original de 1970 y opera como salvaguarda para los agentes de comercio y vendedores frente a la calificación unilateral como prestadores de servicios independientes.
2. La frontera con el trabajo autónomo se decide por hechos, no por documentos. El principio de primacía de la realidad rige sobre la etiqueta contractual; la emisión de CFDI de honorarios no elimina la relación laboral cuando concurren subordinación y permanencia.
3. La comisión es salario para todos los efectos. Su integración al SBC y el cómputo para el pago de aguinaldo, prima vacacional y participación de utilidades son consecuencias no disponibles del régimen.
4. Los agentes de seguros y fianzas requieren análisis dual. La LISF distingue perfiles dependientes y no dependientes, pero la cédula de la CNSF no desplaza la aplicación del artículo 285 cuando existen los elementos laborales de fondo.
5. La agenda 2026 refuerza la inspección federal. Con informalidad de 55.0 por ciento y una política sectorial 2025-2030 focalizada en formalización, el capítulo VIII opera como uno de los frentes principales de verificación del cumplimiento patronal, junto con la reforma de plataformas y la de subcontratación.